El Tribunal Superior de Justicia anuló la norma que le permitía al Consejo de la Magistratura evaluar la ideoneidad y desempeño de jueces y funcionarios judiciales. Ahora si no cometen un delito podrán estar en el cargo de por vida, aunque no se capaciten, por ejemplo, sobre nuevas normas vigentes.
Tanto desde el Consejo de la Magistratura como desde los Colegios de Abogados de la provincia (incluido el de Cutral Co y Plaza Huincul) convocaron a la ciudadanía para que tome conciencia de “la gravedad de lo ocurrido” y que se organicen mecanismos “para restituir el equilibrio (de poder) perdido” ya que ahora los jueces no tendrían nadie que los controle.
La representante de Cutral Co en el Consejo de la Magistratura, Claudia Vega, suscribió lo expresado desde el organismo en su conjunto y sostuvo que esta decisión del Tribunal Superior implica “un grave retroceso en lo que hace al control de quienes llevan a cabo la administración de justicia, afectando la credibilidad, transparencia y eficiencia de tal servicio. En una etapa donde la institución judicial está severamente cuestionada”.
Por su parte el presidente del Colegio de Abogados de Cutral Co y Plaza Huincul, Hugo Castro, apoyó lo que se dijo en el Colegio de Abogados de la provincia, principalmente cuando se considera que la población queda vulnerable ante un poder público que se considera a sí mismo como “no sujeto a control”
El comunicado del Colegio de Abogados sostiene que “fulminar de raíz el único tipo de control externo establecido en la constitución -después de diez años de dictada y a seis años de planteada una medida cautelar por la Asociación de Magistrados, bajo una argumentación puramente formal y jurídicamente discutible- provoca un grave desequilibrio entre los poderes constituidos y deja a la ciudadanía inerme frente a uno de los poderes estatales, que se considera a sí mismo inexpugnable y no sujeto a control que no sea el propio que ese mismo poder ha implementado dentro de su seno, cuyos resultados la sociedad desconoce en tanto no se publican”.
Hay que advertir que quienes se oponen a la evaluación periódica de jueces son los jueces y los que resuelven que tienen razón en la demanda son jueces también. Hasta ahora los magistrados se niegan a ser ciudadanos comunes, no quieren pagar impuestos, no quieren controles.
En su explicación de por qué no quieren controles, el Tribunal Superior de Justicia explicó que “la excepción tiene su razón de ser en la preservación de la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, ya que un estado de derecho es necesariamente un Estado de Justicia”. Y agregan que cuando se evalúa la idoneidad y desempeño se hace con “producción de prueba y limitación al derecho del enjuiciado de ser oído”, es decir que los jueces evaluados no podrían responder adecuadamente si su nota es mala.