La determinación del intendente Juan Carlos Giannattasio de ocupar otra vez su oficina a pesar de la oposición del Tribunal de Sentencia abre interrogantes sobre qué pueden hacer las autoridades para impedir la usurpación del cargo. Una de ellas es el uso de la fuerza pública.
La Constitución Nacional ofrece varias alternativas, aunque no específicamente para un caso como el de Plaza Huincul, debido a la falta de respeto de las instituciones que tomó Giannattasio.
Una de las alternativas es que el gobernador Omar Gutierrez provea a las autoridades municipales, en este caso Carlos Matzkin como presidente del Concejo o a Fabian Dolso como intendente interino, de la fuerza pública para hacer cumplir las normas.
La segunda es la que provee el artículo 297 y que se decida en la Legislatura la intervención del municipio. Ello por el caos institucional que existe y el desamparo en el que viven los vecinos ya que no hay una autoridad a la que se pueda reclamar servicios u obras.
La tercera es la que eligió Juan Carlos Giannattasio, responde al artículo 241 inciso b y se refiere a solicitar al Tribunal Superior de Justicia que dirime desacuerdos internos dentro del municipio. Según afirmó públicamente Eduardo Iturbide se entregó un escrito al Tribunal para que se legalice la reasunción del intendente. El TJS hace unas semanas convalidó la posición del Concejo Deliberante.