Mediante un comunicado de prensa, el Frente Neuquino que tiene como referente principal a Ramón Rioseco dio su parecer sobre las medidas judiciales dispuestas por el juez Claudio Bonadío.
En el comunicado, se realtó que “esta madrugada, el Juez Claudio Bonadío con gran despliegue mediático mandó detener al dirigente Luis D’Elía esta mañana y a Carlos Zanini, en una causa basada en el acuerdo del Estado Argentino con la República de Irán, aprobado por el Congreso”.
Por lo mismo, procesó y pidió el desafuero para detener a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, también procesó al excanciller Héctor Timerman, al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y al diputado Andrés Larroque. Les atribuye a todos, nada menos que el delito de “Traición a la Patria”, en tanto el acuerdo fue revisado y aprobado por el Congreso de la Nación.
Según señalan, “lejos de ser una acción judicial que respete la garantía del Debido Proceso, parece responder a una estrategia del poder político y económico gobernante, para dar un escarmiento a todo aquel que pudiera actuar como oposición política”.
Agregaron que la medida del juez Bonadío, en su lógica, debería incluir el procesamiento a todos los senadores y diputados nacionales que votaron a favor del Memorandum del Tratado con Irán, siendo las verdaderas autoridades del Estado que aprobaron el mismo. “Esto evidencia que sólo se trata de una operación política para acallar a las y los opositores, y estigmatizarlos con causas penales”, indicaron.
“No es nueva la metodología de criminalización de este gobierno, que ya la ha desplegado con trabajadores, pueblos originarios y otros opositores”, acotaron.
Agregaron que “La causa fue iniciada sólo como una operación política del macrismo, que oculta de las noticias diarias los nuevos tarifazos, la baja de las jubilaciones, la reforma laboral, los despidos, el pacto fiscal en perjuicio de las provincias, y el nuevo endeudamiento del país”.
Finalmente, sostuvieron que “las consecuencias de esta utilización política del Poder Judicial y del Poder mediático, son tan ilegales como peligrosas para un país republicano y democrático”.