El parlamentario del Mercosur, indicó que el ajuste se aplica sobre “la población mas débil y vulnerable: beneficiarios de las pensiones por discapacidad e invalidez”.
Según especificó Rioseco, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde señaló que “mediante la Disposición Nº 217/2018 de esta Agencia Nacional de Discapacidad, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez“.
A mediados del año 2017, dijo Rioseco, “fuimos testigos de una maniobra por parte del Gobierno de (el presidente Mauricio) Macri que suspendió en forma intempestiva miles de pensiones a personas con discapacidad e invalidez que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La respuesta masiva de repudio que generó esta medida obligó al gobierno nacional a revisar estas suspensiones, que en muchos casos fueron restituidas a raíz de órdenes judiciales.
Sin embargo, esta maniobra no fue una decisión aislada, según el exintendente de Cutral Co. Por el contrario, se trata de un plan sistemático oculto en la supuesta “actualización” de datos que implica la suspensión automática de los beneficios.
De esta manera, frente a una suspensión del beneficio, miles de familias deberán iniciar reclamaciones que tardan años en tramitarse para obtener una respuesta favorable, aseveró Rioseco.
Se indicó que hay un nuevo circuito administrativo para la notificación de suspensión y aplicación de incompatibilidades. Entre otras cosas, dispone que se notificará la decisión de suspensión y otorga un plazo de 10 días para iniciar el reclamo, como una manera de “asegurar” los derechos afectados.
El plan importa además, la aplicación del Decreto 432/97 que establece criterios para la obtención de este derecho que a esta altura son totalmente inconstitucionales y contrarios a los derechos que consagran Convenciones Internacionales y que obligan al Estado argentino.
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Para Rioseco, es necesario articular todas las instancias institucionales que permitan una acción conjunta para evidenciar este ajuste sobre las personas que más lo necesitan, a través de la Defensoría del Pueblo, las oficinas de la Defensa Pública y las organizaciones sociales para denunciar esta violación masiva de los derechos humanos mas elementales.
