Mientras se discute la despenalización del aborto, la práctica continúa en cada ciudad del país. Por eso, distintos sectores de salud confrontan entre la ética y la razón por erradicar las interrupciones ilegales de un embarazo.
Una de las principales barreras en la provincia es que la mayoría de los profesionales son objetores de conciencia y pueden negarse a una práctica ordenada por la ley, basados en su postura moral o religiosa. Pero prima el derecho a la salud de la mujer y el Estado debe garantizar los recursos para dar asistencia, derivando el caso a personas aptas para la atención.
Su primera etapa es una entrevista donde los asistentes evalúan los aspectos por los que se podría practicar una interrupción de embarazo. El marco aplica para casos de violaciones, causal salud y causales psicosociales que incluyen casos de violencia familiar. A partir de allí se deben coordinar acciones entre los distintos sectores Salud.
La interrupción y cualquier causal orgánico que requiera la persona que realiza la consulta, representa un costo extra para el hospital. No obstante, se supo que se atienden al menos dos casos por mes, que sería la demanda máxima que pueden costear en cuanto al presupuesto, y todos son con la intervención de la justicia.
Pese a que está en vigencia desde el 2016, muchos lo desconocen y consultan por fuera del sistema de salud, terminando en abortos ilegales, que no siempre son hechos por profesionales y en muchos casos con métodos caseros que ponen en riesgo la vida de la mujer.
Sin embargo, las consultas en hospitales aumentó el último año, desde que se debate sobre la despenalización.
Con respecto a la aplicación definitiva del protocolo en los hospitales neuquinos, el acuerdo parece ser lejano, pero la comisión de Bioética plantea encuentros ante el Ministerio de Salud de la Provincia para llegar a dar respuesta a la demanda de las ILE.