Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos escucharon a distintos sectores de la sociedad.
Primero fueron las docentes de la escuela 63 y otros vecinos del barrio Belgrano. Después viajaron los concejales para explicar qué trabajo se había hecho en estos años para reclamar más seguridad.
Finalmente el intendente José Rioseco y parte de su gabinete fue a hablar con los legisladores. Y reclamó que el gobierno provincial tire abajo los edificios del barrio que están vacíos y sirven de aguantadero.
El municipio se comprometió a realizar obras para que el espacio que deje la demolición sean espacios públicos para la comunidad en general.
La comisión de Derechos Humanos emitió despacho unánime de un proyecto que requiere articulación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal para abordar de manera integral la problemática; y un proyecto que solicita acuerdo entre los organismos competentes para la demolición de un complejo de viviendas abandonado ubicado en el Barrio Belgrano de dicha ciudad.
Ambos proyectos surgieron como alternativas de pronunciamiento del Poder Legislativo frente a la propuesta de los bloques del PRO, NCN y UCR de implementar el Programa Nacional Barrios Seguros en la comarca petrolera como instrumento para abordar la problemática. Según dijo Romero, la iniciativa original “no alcanza el consenso necesario” para ser aprobada ya que tanto los vecinos como las autoridades comunales y policiales rechazaron la “militarización” del barrio.
