La violencia sigue cobrándose vidas en Cutral Co y Plaza Huincul. En los tres casos que han conmocionado a la sociedad, hubo una demanda de atención que fue insatisfecha por parte de los tres poderes del Estado.
Murió Luciano Fuente, un niño de 8 años que fue impactado por una bala perdida. Quien está preso como sospechoso, Diego San Martín fue un niño y un joven que estaba dentro del sistema por problemas judiciales que nunca fueron atendidos de manera eficiente.
Murió Dante Biazetti, aunque su madre había acudido a pedir ayuda para que la situación de violencia fuera atendida. La responsable, Magalí Hernández, era parte de la policía provincial lo que la convertía en parte del Estado. Debió atenderse su situación desde un equipo interdisciplinario judicial.
Murió Natalio Estrada, desde niño y adolescente fue parte del ambiente delictivo, del consumo de drogas. Tampoco allí hubo un abordaje satisfactorio para su situación.
Se pide Justicia pero todavía no hay respuestas. Desde dentro del Poder Judicial, los empleados agrupados en SEJUN emitieron un comunicado en el que denuncian la falta de recursos.
“Nos sentimos preocupados por la falta de políticas públicas a largo plazo destinadas a la protección de los derechos de familia, niños y adolescentes, la falta de reglamentación de la ley 2302, la centralización de los programas sociales solo en la capital de la provincia, como así también la escasez de presupuesto, recursos económicos y humanos por parte del Tribunal Superior de Justicia hacia los organismos cruciales y delicados como la Defensoría de los Derechos del Niño, la oficina de Violencia Familiar y Juzgados de Familia, lo cual hace que la respuesta hacia el público en general sea insuficiente”, escribieron.
Tras el corte de ruta que generó la muerte de Luciano, hubo un compromiso desde los municipios, la provincia y la Nación. Falta el Tribunal Superior de Justicia.
