Noema Acuña fue asesinada hace 17 años atrás. Sin embargo, desde entonces, no hay responsables por su muerte violenta.
La familia insiste en saber quién la mató. A pesar de que la causa judicial prescribió a los 15 años, se entrevistaron con el fiscal general José Gerez y con Agustín García. Esperan que haya una respuesta favorable de su parte para el esclarecimiento del hecho.
Propondrán que se aplique a la investigación la Convención de Belém de Pará (Brasil) al que el país adhirió en 1996.
En el Capítulo III relacionado a los deberes del Estado, en su artículo “F” indica: “Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos.
Y en el “G” estipula: que el Estado debe: “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a la justicia”.
Pablo Hodola, sobrino de Noema, que lleva adelante el reclamo como querellante, indicó que el pedido de justicia se da porque “consideramos que no está esclarecido”.
“Quienes dicen ejercer la justicia no profundizan una investigación para darnos una respuesta. Desde ahí se tiene que seguir trabajando para esclarecerlo”, sostiene Pablo.
De la reconstrucción de aquel 25 de octubre de 2002, el sobrino relata según lo que figura en el expediente que “Noema salió a las 9 desde Cutral Co. Fue vista por tres periodistas de Cutral Co, a la altura de Plottier. En un principio, la reconocen como esposa de Chatelain según uno de ellos y otro compañero le dice que no, que es personal de la inmobiliaria, como efectivamente se trataba”.
Eso fue alrededor de las 10 y entre las 11:30 o 12 unos crianceros, la encuentran muerta en la zona de la meseta, a un kilómetro y medio de la planta de bombeo de YPF. Su auto fue encontrado abandonado, a las 13 en Cipolletti.
“Hay elementos que no cierran y que sería importante considerarlos en la investigación de la causa”, subraya Pablo.
Ese mismo día, “la misma policía contacta al empleador, que había ido a Neuquen también según consta en el expediente) y que vuelve alrededor de las 13. Un comisario lo contactó y la familia no fue notificada sino hasta las 20. De ahí el enojo de haber tenido que saber recién a la noche. Hubo llamadas anónimas que no se identificaron. Y entonces ahí recién la familia empieza a buscar e indagar cuando ya muchos en Cutral Co sabían que Noema estaba muerta”,
Hodola recuerda que la pista inicial durante los primeros siete meses de investigación fueron los cinco evadidos de la Unidad 21. “Nosotros indicamos, mi abuela principalmente, que esos presos no tenían participación, de hecho ellos mimos se empiezan a entregar esos días, uno de ellos ante el juez (Mario) Tomassi”, acotó.
Hasta ese momento, la fiscal Sandra González Taboada tuvo una sola línea de investigación y “se perdieron siete meses para la extracción del ADN y el resultado. No se siguen otras líneas investigativas”.
A partir de ahí es que hablamos de “las restricciones que hay y la imposibilidad de acceso a la justicia. Descartan la probabilidad de otra línea hasta tanto no se concluya con la primera. Si eso es parte del procedimiento está mal porque resta el derecho de acceso a la justicia, por parte de la víctima y la familia”.
Pablo cuenta que se le consultó al fiscal García -junto al abogado que los representa Ricardo Mendaña- cuál es el estado de ADN, y otra vez aparece “la parte violenta del Estado porque habiendo transcurrido los tiempos penales no fuimos notificados que cambió el fiscal, por ejemplo.
Pablo al igual que las hermanas y hermanos de Noema están esperanzados en que se pueda resolver el hecho. “Por esa razón es que seguimos pidiendo justicia”.
En cuanto a la parte técnica y legal, insiste en que se deberá profundizar la investigación para “darnos una respuesta”.
A lo largo de los 17 años, la causa tuvo tres fiscales: González Taboada, Maximiliano Breide Obeid y el último García. Acumula ya ocho expedientes.
