La causa se inició a partir de un informe periodístico del diario Río Negro en el que se aseguraba que había una triangulación de fondos entre el sindicato, una empresa y los dirigentes.
Específicamente entre 2016 y 2017 la consultora cobró 19 millones de pesos que eran para sueldos de los dirigentes. Ello ocurría porque en 2002 se puso un tope salarial a las personas que integran una institución sin fines de lucro (como el sindicato) pero los dirigentes petroleros querían regirse por el convenio laboral del sector.
Eso se arregló en 2014, cuando se le dio la razón al sindicato y ya se podía cobrar el salario según convenio. Pero igualmente habrían seguido cobrando extra con la facturación de la consultoria.
Eso sospecha la Fiscalía,, a cargo de Marcelo Silva, pero no pudo probarlo. Asegura que le faltó tiempo.
Respecto de la relación entre la empresa y el sindicato, el fiscal informó que tras la formulación de cargos, la defensa aportó el contrato y un convenio entre las partes, que sumado a las pericias contables e informáticas, brindaron datos para comprobar que el vínculo era real y que los servicios de consultoría y asesoría existieron.
A partir de constatar que los servicios existieron y también que los haberes continuaron siendo triangulados, más allá de que en 2014 el sindicato había sido autorizado a pagar las sumas directamente, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el paso siguiente era discriminar las situaciones.
“La fiscalía optó por tratar de obtener esa distinción, por lo que pedimos el plazo extra para hacerlo, pero no se nos otorgó. Entonces, a partir de los informes debemos decir que en esta etapa no hemos podido determinar cuál es el perjuicio concreto y eso impide avanzar en otra etapa, por lo que se entiende que resulta razonable pedir el sobreseimiento de la totalidad de los imputados”, sostuvo Silva, al momento de solicitar el sobreseimiento.
Además de Pereyra, fueron sobreseídos Antonio Ricardo Astrada (Secretario adjunto); Carlos Omar Lorenzo (Tesorero); Osvaldo Marín (Secretario administrativo); Jorge Omar Allende (Auditor externo); y Víctor Adrián Pelletieri (Asesor contable).