El joven de 18 años, José Luis Espinoza, estuvo frente al juez Mario Tomassi y escuchó la acusación de la fiscal Marisa Czajka y del abogado que representa a la querella.
Según la teoría del caso que planteó la Fiscalía, por ahora hipotética, Espinoza disparó un arma larga, calibre 22, contra el cabo de la policía, Luis Gabriel Nahuelcar, en la mañana del 1 de enero.
La fiscal Marisa Czajka detalló que Espinoza, esa mañana, se paró en el portón de su casa en la calle Zapala en el barrio Peñi Trapún y fijó su objetivo. “Disparó contra el policía que se encontraba cumpliendo una función con clara intención de darle muerte”, dijo.
Para la fiscal, “seleccionó su objetivo” y disparó. “Fue una muerte artera, a traición. Se actuó sobre seguro sin dar posibilidad de defensa a la víctima”, mencionó.
Fundamentó la autoría en los testimonios recabados de los compañeros de Nahuelcar, de los bomberos, vecinos y de “dos testigos presenciales” que vieron cuando Espinoza posicionó el arma y disparó hacia la víctima. Luego huyó por los techos y arrojó el arma (que está secuestrada) en una casa vecina.
La expectativa de pena para este tipo de delitos, es de prisión perpetua y con un jurado popular.
Por otra parte, señaló que la familia del ahora imputado, “trasgrede la norma legal. El padre está con preventiva por el homicidio de otra persona, y está sospechado de otro delito empleando presumiblemente el arma que hoy se encuentra secuestrada.
En cuanto al momento de la captura, Espinoza indicó que la comitiva de siete efectivos que fueron a Challacó, en el puesto Benegas lo encontraron junto a un menor de edad. El sospechoso empezó a huir. “Hace caso omiso a la voz de alto y extrae un arma de fuego para atentar contra la autoridad”, dijo Czajka.
Espinoza portaba un revólver calibre 38 con el que se hirió a la altura del abdomen cuando uno de los policías se le abalanzó para reducirlo. Fue trasladado a Cutral Co, donde lo operaron en el hospital de Complejidad Media y derivado a Neuquen. El domingo alrededor de las 20, le dieron el alta.
La expectativa de pena para este tipo de delitos, es de prisión perpetua y con un jurado popular, dijo la fiscal.
Por su parte, el abogado de la querella que representa a los padres de Luis, dijo que “confían en la justicia y en la institución. La pérdida de Gabriel le pegó a la familia, a la fuerza policial y de un modo también a los vecinos de Cutral Co. Adhirió a la teoría fiscal y también pidió ocho meses de prisión preventiva.
Los familiares y compañeros del efectivo policial moriría horas más tarde. estuvieron hoy en la audiencia. A Espinoza se lo buscó a nivel nacional.
Se lo encontró 48 horas después en una chacra de Challaco.
Finalmente, a fiscalía lo acusó de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y por tratarse de un servidor público. La expectativa de pena para este tipo de delitos, es de prisión perpetua y con un jurado popular, dijo la fiscal.
El juez determinó que deberá estar detenido durante el proceso por el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Estableció el plazo en seis meses.
En tanto, la defensora pública Marisa Mauti coincidió con las circunstancias excepcionales de la causa, para que se disponga la prisión preventiva de Espinoza.
De la causa “surgen los elementos sobre riesgo procesal y comprendimos la situación. Es razonable que Fiscalía sospeche de una fuga luego de pedir una captura y no una presentación espontánea”. En cambio, no encontró razón para que exista “entorpecimiento de la investigación” porque de lo contrario, no se podría haber hecho la audiencia de hoy.
Mauti objetó el plazo de ocho meses pedido por Fiscalía y querella – no por excesivo- sino que no resulta coincidente con los 4 meses fijados para la investigación. En cuanto al lugar de detención donde será alojado Espinoza, también planteó en “la necesidad de resguardar a todas las partes y la integridad que mi defendido que tiene una lesión que requerirá de la atención médica”.
Finalmente, el juez Tomassi determinó que Espinoza deberá estar detenido durante el proceso por el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Estableció el plazo en seis meses.