La iniciativa cuestiona el beneficio de prisión domiciliaria a personas condenadas y detenidas que alegan ser grupo de riesgo por su edad o estado de salud y expresa “solidaridad con las víctimas de los delitos de quienes fueron liberados“.
El escrito fue presentado el 29 de abril y está firmado por los diputados Leticia Esteves, Karina Montecinos, Ayelén Quiroga, César Gass y Luis Aquín del bloque Juntos por el Cambio. Los legisladores sostienen que la situación “nos coloca en el camino hacia la impunidad, dejando a la gente de bien desprotegida y a los presos peligrosos en libertad”, al tiempo que remarcan que “hoy los delincuentes gozan de los derechos que les negaron a sus víctimas”.
La medida se implementó a raíz del reclamo de los presos en distintos penales del país en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y, según las estadísticas que acompañan a la presentación, 753 presos salieron de las cárceles bonaerenses, más de 200 de las unidades de detención federales y 12 en la provincia, entre ellos, un presunto homicida que espera por su juicio y un abusador sexual de Cutral Co.
Así, insistieron en que el traspaso a la prisión domiciliaria es “un atropello a las víctimas” y agregaron que , si bien la llegada del coronavirus a un penal puede producir un daño sustancial, “la solución no puede ser abrir las puertas de dichos penales sin contemplar otras alternativas”, ya que no existen controles eficientes para evitar la reincidencia en el delito o la fuga.
