Avanza el debate por el proyecto presentado por el Ministerio Público Fiscal para extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva, ante la situación de pandemia de COVID-19.
Los legisladores citaron a German Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia, y al defensor general Ricardo Cancela a participar del encuentro en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, abocada al tratamiento del proyecto firmado por el fiscal general José Gerez. La reunión se llevó adelante con una modalidad mixta de participación presencial y remota, a través de una plataforma de videollamada.
Busamia consideró que “no es prudente que el Tribunal se pronuncie” y acotó que se trata de una iniciativa que intenta fijar una regla sobre plazos y “esta una cuestión para litigar en audiencias”. En ese sentido, expuso información estadística y detalló el proceso penal para explicar el trabajo que realizó el Poder Judicial desde el 18 de marzo, fecha en que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El vocal del TSJ afirmó que el problema se registra en las audiencias de juicio, porque implican reunir un promedio de 40 personas y remarcó que “nuestro deber en este tema de fuero proceso penal es brindar las condiciones de las oficinas judiciales para que los juicios se puedan realizar con absoluta seguridad para todos”. “No tenemos en este momento una respuesta contundente, no tenemos un protocolo elaborado para poder garantizar en esta mesa que los juicios los podemos hacer en un plazo determinado” agregó y aseguró que las inquietudes sobre el tema “no son elaboraciones abstractas del TSJ, vienen de quienes tienen a su cargo día a día la organización de estos juicios” y surgen de lo que implique el desplazamiento de testigos, víctimas y peritos.
Así, reveló que analizan distintas propuestas, entre ellas, implementar una forma mixta de llevar adelante los juicios y comenzar a diseñar audiencias de los juicios unipersonales sin prueba o con prueba virtual. Pero aclaró que va a depender de los jueces y de los planteos que hagan las partes.
Al mismo tiempo, Busamia admitió que por el COVID-19 quedaron 56 juicios pendientes de realización y que, en ese mismo período, se dictaron 232 resoluciones jurisdiccionales. En cuanto a la actividad no penal, mencionó 745 causas ingresadas, 1057 sentencias y resoluciones interlocutorias y 31.551 actuaciones generales, desde el 18 de marzo hasta el 15 de mayo.
Por su parte, Cancela aseguró que el proyecto de Gerez es “nulo, oportunista y de restricción de derechos” y que “atenta contra todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. En esa línea, argumentó que lo considera nulo porque “desde que la Constitución y Tratados Internaciones de Derechos Humanos establecen cuáles son las garantías del proceso en forma clara, determinan que toda persona incursa en un proceso tiene derecho a ser juzgada en un tiempo razonable”. El defensor general expuso por videollamada y estuvo acompañado por los defensores de Circunscripción, Fernando Diez y Raúl Caferra.
Como representante del Ministerio Público de la Defensa, Cancela argumentó que el TSJ “nunca prohibió realizar determinados actos procesales y nunca se prohibieron las audiencias” y agregó que existen protocolos sanitarios y pautas de trabajo presencial y remoto para llevar adelante las tareas. “Nosotros estamos preparados y no queremos hacerle pagar a la gente, con su libertad, nuestra comodidad”, aseguró.
No obstante, el defensor general dijo que “no hay ningún problema de buscar diálogo y consenso para que esos juicios se lleven adelante; nosotros no vamos a poner ningún obstáculo para que se realicen esos juicios”.
En la reunión pasada, el cuerpo de diputados había acordado invitar para el próximo martes a representantes del Colegio de Abogados y la Asociación de Pensamiento Penal para continuar con el debate.
