El proyecto presentado por el Ministerio Público Fiscal propone extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva ante la situación de pandemia de COVID-19.
Esta semana se llevó a cabo una con una modalidad mixta de participación presencial y remota, a través de una plataforma de videollamada.
Las representantes de la Asociación Pensamiento Penal, las abogadas defensoras Marisa Mauti y Celia Delgado, expresaron su rechazo al proyecto al que señalaron de “inconstitucional ya que afecta, entre otros, el principio acusatorio, el derecho a la defensa en juicio, la independencia e imparcialidad de los jueces de garantías, los derechos de las víctimas a una resolución en un plazo razonable y el principio de no retroactividad de la ley penal”.
Mauti, quien además se desempeña como defensora de Circunscripción de Cutral Co, consideró que “esta presentación puede ser vista como una reforma procesal que no reviste legitimidad porque no existe el consenso democrático que funda legitimidad”.
Por su parte, Celia Delgado, quien también se desempeña como defensora pública en la provincia de Río Negro, explicó que “no puede venir el fiscal a pedir una reforma legal para extender la prisión preventiva de alguien que aún es considerado inocente por la Constitución Nacional”.
Las letradas consideraron también que de aprobarse esta ley, representaría un retroceso en los estándares internacionales y en las obligaciones asumidas al incorporar los 11 instrumentos internacionales de derechos humanos en la reforma constitucional de 1994.
Asimismo, indicaron que el argumento que afirma que “no se pueden llevar adelante los juicios” es falso ya que con un protocolo sanitario adecuado se podrían realizar.
Aseguraron que si se sanciona esta ley será declarada inconstitucional. “Sobre este asunto hay que pedirle que se expida el juez y no la Legislatura”, sostuvo Delgado.