La jueza Patricia Lúpica Cristo había descartado la suspensión del juicio a prueba, pero la defensa de los imputados impugnó el fallo. Esta semana el tribunal avaló el dictamen previo y ahora esperan por un control de acusación para llevar el caso a juicio.
El caso corresponde a la muerte del trabajador petrolero Mauricio Segura en noviembre del 2018, por un accidente ocurrido mientras realizaba una operación en el pozo pozo NQ423 del área de Octógono, donde opera YPF. Segura trabajaba en la empresa Venver y realizaba una maniobra de rotación de herramientas cuando una válvula se desprendió y cayó sobre su cabeza desde una altura 11 metros.
En una primera investigación realizada por fiscalía, se supo que la maniobra se realizó sin cumplir con los protocolos de seguridad y eso causó el accidente, por lo que entendieron que el jefe de equipo -identificado como C.A.L.- y el encargado de turno (M.G.O.) tenían obligación de hacer respetar los procedimientos para este tipo de operaciones, siendo su conducta omisiva el causal del trágico final.
En abril de 2019, la jueza Laura Barbé dictó la suspensión del proceso penal a prueba por un año contra C.A.L.; y semanas después ocurrió lo mismo con M.G.O. Pero meses después el fiscal Santiago Terán retomó el caso bajo una nueva carátula porque “debía pedirse una condena y no una suspensión de juicio a prueba“.
Por el caso se volvió a marcar la responsabilidad de C.A.L. y M.G.O. en la tragedia, en un extenso proceso que comenzó a desenredarse hace algunas semanas, cuando la jueza Lúpica Cristo dio lugar al pedido de Terán de llevar el caso a un juicio por culpabilidad de la muerte.
El miércoles, un tribunal de Impugnación se mostró a favor del fallo de Lúpica Cristo y ahora resta un último plazo de impugnación ante un tribunal superior -que aún no fue solicitado- para dar paso al control de acusación previo al juicio penal.