Diputados dio apoyo a la designación de la Dra. Andrea Cecilia Espinosa como defensora de los Derechos del Niño y Adolescente de la II Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Co.
La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia aprobó por unanimidad el despacho por el cual se brinda un acuerdo legislativo para la designación del cargo; y ahora el proyecto será tratado por el pleno de la Cámara en Sesión Ordinaria.
Espinosa participó de la entrevista de rigor de la comisión ‘A’, a través de la plataforma de videoconferencia Zoom. Allí dio su opinión sobre los proyectos de padrinazgos y madrinazgos para niños de hogares; y el que crea el Observatorio de Abuso Sexual Infantil. Según su postura, “todo aquello que refuerce las garantías y el acompañamiento a los niños institucionalizados es favorable, porque son la rama más vulnerable de trabajo de la Defensoría”.
Al mismo tiempo, señaló que hay leyes nacionales que prevén un acompañamiento por parte del Estado para contribuir a que los adolescentes que están próximos a la adultez puedan asumir nuevas responsabilidades, y opinó que “hay que ver cómo se articulan estas políticas públicas entre el Poder Judicial y el órgano de aplicación que es el Ministerio de Desarrollo Social”.
Respecto al Observatorio, sostuvo que “es una política para la prevención de este flagelo”, pero que hay que tener en cuenta que “con el manejo de estos datos sensibles no se vulnere el derecho a la intimidad de los niños. Hay que evitar que el daño sea mayor”, dijo y propuso que releven datos estadísticos generales preservando la identidad de los menores.
En cuanto al incremento de delitos contra menores en el actual contexto de aislamiento por la pandemia de COVID-19, Espinosa dijo que si bien no cuenta con datos oficiales de su circunscripción judicial, “sé que hay un aumento cuantitativo que ya se registraba desde antes de la pandemia” y señaló que las denuncias por abuso sexual infantil “se han incrementado muchísimo. Es una de las problemáticas que se está trabajando mucho y reforzadamente y que hay que afrontar con una perspectiva de infancia y de género, con una mirada integral por parte de la Defensoría”, concluyó.
En ese sentido, pidió hacer una adecuada evaluación del riesgo desde el área de la psicología en coordinación con Salud y Educación para evitar la revictimización “porque son niños que son traspasados por este delito tan grave durante toda su vida”; y agregó que no debe bajarse la edad de imputabilidad de los menores: “Si se revee el sistema se tiene que hacer una mesa de trabajo con expertos criminólogos y ver todas las aristas de la problemática de los menores en conflicto con la ley penal, no sólo la edad de responsabilidad penal”, sentenció.
Por último, admitió las dificultades que existen en el interior de la provincia para implementar de lleno la Ley de Protección Integral la niñez y adolescencia; y que, en caso de acceder al cargo, trabajará a favor de la desjudicialización, la desburocratización y la descentralización, porque “desde la Defensoría se puede enfocar mas en la coordinación y no en la judicialización para la solución de conflictos”.
El despacho fue aprobado por unanimidad con el acompañamiento de las diputadas y diputados Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Mariano Mansilla, Soledad Martínez, Darío Peralta, César Gass, Karina Montecinos, Carlos Coggiola, Andrés Peressini y Fernando Gallia.