La situación económica de la industria petrolera está en un punto de inflexión. En Buenos Aires se desarrollan febriles reuniones para conseguir un consenso difícil, que tendrá impacto directo en los trabajadores del sector.
Por un lado, el gobierno nacional y las operadoras petroleras (YPF, Tecpetrol, PAE, Pampa Enegía, entre otras) negocian los alcances de una nueva ley de hidrocarburos. Como se recordará la última ley (llamada de autoabastecimiento) puso un techo de 12 dólares por barril como regalía, lo que trabajo enormes pérdidas para las provincias productoras. Ahora se discuten nuevas reglas para el sector y las petroleras quieren beneficios para mantener la inversión en estos tiempo de crisis.
En simultáneo, los sindicatos y las petroleras intentan llegar a un acuerdo salarial. Las cosas no van muy bien. Ya hubo amenazas de paro total de actividades que generaron la intervención del Ministerio de Trabajo. Y se reanudan las negociaciones. Pero las empresas no quieren acordar nada antes de que esté claro cuál será la nueva ley de hidrocarburos. Pero además quieren bajar costos. Lo dijo claramente Pablo Iuliano, el ingeniero huinculense que encabeza el área de producción no convencional. Se tiene que bajar el valor de producción del barril, para seguir produciendo aún cuando se caiga el mercado mundial.
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Lejos de todas estas discusiones, los trabajadores advierten que su salario es cada vez más parecido al que cobran los empleados estatales, con un desgaste físico muy superior. Los incrementos salariales se diluyen con la inflación y Pereyra aceptó bonos no remunerativos que fueron pan para hoy y hambre para mañana.
En medio del río revuelto, los trabajadores deberán estar atentos a los mensajes empresariales y sindicales para poder leer entre líneas. Aunque el margen de acción sea realmente limitado.
