El Ministerio de Gobierno y Seguridad, reglamentó una ley sancionada en octubre del año pasado, que regula el destino final de las bicicletas que fueron secuestradas por la Policía (por distintos motivos) y que no fueron reclamadas por sus dueños legítimos durante el plazo de un año.
En su articulado, la regla dispone que estas bicicletas serán destinadas a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a organismos estatales con finalidad social o deportiva.
Para ello, la Dirección Provincial de Articulación Ciudadana deberá confeccionar un registro de estas instituciones que manifiesten su interés por recibir estas bicicletas secuestradas, y también, otro registro en donde queden consignados las características de cada uno de los rodados para su identificación.
Y para el caso de aquellas bicicletas que no puedan ser reparadas, la reglamentación indica que podrán ser entregadas a escuelas técnicas o centros de formación profesional de toda la provincia.
Además, la normativa señala que los dueños originarios de las bicicletas podrán recuperarlas si demuestran esa condición y recibirlas en el estado en que se encuentren, aún transcurrido los 12 meses.
A la vez, se prohíbe a las instituciones que reciban las bicicletas, la venta o alteración del rodado que impida su identificación por lo que deberán conservarla en el estado en que le fue entregada. Así, al momento de la suscripción del préstamo del rodado, a la persona se le hará entrega de un adhesivo con la leyenda “Adquirida por Ley 3260”.
