La jueza de garantías, Leticia Lorenzo avaló el pedido de la fiscalía y prolongó la detención del imputado y la imputada por el lapso solicitado.
La fiscal del caso Gabriela Macaya solicitó que se aplique la Ley 3234 para prolongar por seis meses la prisión preventiva a un hombre, O.D.C.C, y una mujer, S.I.T, acusados de abusar sexualmente y de cooperar con el abuso de una niña de su entorno familiar.
El planteo lo hizo el viernes durante una audiencia en la que estuvo acompañado por el asistente letrado Federico Cúneo. Solicitó la aplicación de la Ley 3234 que impulsó el fiscal general José Gerez y que estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”. Entre otros aspectos, resaltó que la constitucionalidad de la Ley ya fue avalada por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Macaya argumentó que siguen vigentes los riesgos procesales por los cuales fue fijada la medida originalmente: la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. En representación de la víctima, como querella particular intervino el abogado Mario Jordán Díaz, quien adhirió al pedido de la fiscalía.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó al imputado el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años en su modalidad continuada, y corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años, y por ser persona conviviente, en concurso ideal, en calidad de autor; y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin autorización legal, en calidad de coautor, que concursa de manera real (artículo 119 tercer y cuarto párrafo inciso “f”, artículo 125 segundo y tercer párrafo, artículos 189 bis apartado 2 párrafo primero, 54, 55 y 45 del Código Penal).
En el caso de la imputada, la fiscalía le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en calidad de cooperadora; corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años y por ser su progenitora, en concurso ideal con encubrimiento agravado, en calidad de autor, y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, en calidad de coautor, todo en concurso real (artículo 119, tercer y cuarto párrafo, incisos “b” y “f”, artículo 125 segundo y tercer párrafo, artículos 133, 277 apartado 3 inciso “a”, 189 bis apartado 2 párrafo primero, 45, 54, y 55 del Código Penal).
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre mayo de 2018 y mayo de 2020. Específicamente, el 31 de mayo de 2020, el imputado O.D.C.C, abusó sexualmente una niña de su entorno familiar en un domicilio en la ciudad de Cutral Co. Ese mismo día, la mujer, S.I.T, cooperó con el imputado al no intervenir para impedir el abuso sexual, ayudó a eludir la investigación brindando una versión falsa de los hechos, brindó información falsa al decir otro apellido de su pareja e intentó ocultar los rastros dejados por el delito dando como propio otro domicilio pretendiendo ocultar el domicilio real donde ocurrieron los hechos.
Asimismo, se le atribuyó a la pareja imputada, el hecho verificado el 2 de junio de 2020, cuando se efectuó un allanamiento en el domicilio de ambos y personal policial secuestró un arma de fuego que ambos mantenían en su poder sin contar con la debida autorización legal.