El juez de garantías Mario Tommasi dispuso que un tribunal colegiado juzgue a un hombre y una mujer acusados por un caso de abuso sexual ocurrido en Cutral Co. Ambos permanecen con prisión preventiva.
La solicitud fue hecha en una audiencia de control de acusación, donde la fiscal jefa Sandra González Taboada y la fiscal del caso Gabriela Macaya solicitaron que un hombre, O.D.C.C, y una mujer, S.I.T, sean juzgados ante un tribunal colegiado.
Durante la audiencia que comenzó el lunes y continuó ayer, las representantes del Ministerio Público Fiscal, atento a la calificación legal y a la pretensión punitiva, solicitaron que los imputados sean juzgados ante un tribunal colegiado.
En el caso del hombre, la imputación es por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años en su modalidad continuada, y corrupción de menores, en concurso ideal, en calidad de autor; y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin autorización legal, en calidad de coautor, que concursa de manera real.
En el caso de la imputada, está acusada por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en calidad de cooperadora. En concurso ideal con el delito de corrupción de menores, y en calidad de autor. Y el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, en calidad de coautor, todo en concurso real. En este hecho la imputada estaba acusada además por el delito de encubrimiento, y solo respecto a esa calificación legal fue sobreseída.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre mayo de 2018 y mayo de 2020. El 31 de mayo de 2020, el imputado O.D.C.C, abusó sexualmente una niña de su entorno familiar en un domicilio en la ciudad de Cutral Co. La mujer, S.I.T, cooperó con el imputado al no intervenir para impedir el abuso sexual.
Dos días más tarde, el 2 de junio, se efectuó un allanamiento en el domicilio de la pareja imputada y personal policial secuestró un arma de fuego, que ambos mantenían sin contar con la debida autorización legal.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de garantías a cargo de la audiencia hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso que el hecho sea juzgado por tribunal colegiado.
Prisión preventiva
En una segunda parte de la audiencia se debatió acerca de la medida cautelar que vienen cumplimiento ambos imputados. Macaya explicó que en marzo, una jueza de garantías dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 6 meses, aplicando la Ley 3234, que presentada por el fiscal general José Gerez, permite prorrogar plazos previstos en casos en los que la situación de pandemia haya afectado el proceso judicial. La fiscal del caso solicitó que se ratifique esa medida cautelar, objetada por la defensa, entendiendo que subsisten los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
“Los imputados ya saben que serán sometidos a un juicio y el riesgo de fuga, a medida que avanzamos en el proceso, lejos de disminuir, se incrementa. Hay una expectativa de pena alta, de prisión de cumplimiento efectivo”, argumentó Macaya.
La defensora de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el abogado querellante particular adhirieron al pedido de que ambos imputados sean juzgados ante un tribunal colegiado y de ratificar la prisión preventiva.
Luego de confirmar la intervención de tribunal colegiado, el juez de garantías ratificó la extensión de la prisión preventiva por el término de seis meses, desde marzo.
La fiscal del caso estuvo acompañada por la fiscal del caso Marisa Czajka quien se suma al equipo de trabajo de este hecho.
Ley 3234
La aplicación de la Ley 3234 fue impulsada por el fiscal general José Gerez y estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”. Entre otros aspectos, resaltó que la constitucionalidad de la Ley fue confirmada por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
