En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, ingresó una nota del Tribunal de Cuentas de la provincia en la que requiere una copia de lo investigado por el concejal Gustavo Iril y de lo expuesto por el concejal Ricardo Genovese en relación con el juicio político contra Juan Carlos Giannattasio.
Las denuncias y el frustrado juicio político ocurrieron hace casi 6 años. Se hizo un juicio político que no prosperó por falta de votos y un juicio penal que no prosperó porque la defensa no tenía la información precisa sobre qué acción se le imputaba a qué acusado.
Juan Carlos Giannattasio zafó de las dos instancias pero su regreso a la política podría frustrarse porque tras su aparición en la reunión de la lista Violeta de Rolando Figueroa apareció el Tribunal de Cuentas para recordarle sus fallas.
¿De que se lo acusaba?
Vale recordar, para los vecinos y vecinas desmemoriadas, que Giannattasio fue acusado de incumplimento de los deberes de funcionario público y de malversación de fondos.
Según el informe de Gustavo Iril, utilizó fondos del ENIM para gastos corrientes, no respondió nunca a los pedidos de informes del Concejo Deliberante, no presentó la rendición de cuentas trimestrales y además generó una deuda superior a los 8 millones de pesos por retener montos por ingresos brutos y nunca enviarlos a Rentas de la provincia.
Pero la acusación mayor se basó en un informe del Tribunal de Cuentas, realizado en 2015 donde sostenía que hubo fondos recibidos del ENIM con “aplicaciones que no cumplen con el destino especificado” y mencionaron los gastos en mantenimiento de escuelas, de eventos deportivos, ayuda social, la ampliación del Corralón Municipal, pagos a personal contratado y otros gastos corrientes, pero agrega las transferencias bancarias a otras cuentas de Banco Nación y BPN por cientos de miles de pesos que resultaron imposibles de rastrear para determinar a qué fueron destinados.
El informe del Tribunal de Cuentas mencionaba entre las “Aclaraciones Especiales” las compras a Rentaquen SRL, cuyo único cliente durante todo el año fue el municipio huinculense. La empresa cuyo apoderado era Carlos Solé se postulaba junto a INCASE SRL y Giménez Carlos Eduardo, y siempre resultaba ganadora para la venta de, llamativamente, diversos rubros que incluían maderas, materiales de construcción, electricidad, viveros, insultos quirúrgicos, electrodomésticos y semáforos, entre otros
Y también detectaron proveedores inexistentes o dados de baja desde AFIP y la Dirección Provincial de Rentas; nombres repetidos en los concursos de acreedores, que además vendían los productos al municipio en montos irracionales; y créditos solicitados para un fin pero aplicados en otros.
El concejal Gustavo Iril aseguró que “la justicia lenta no es justicia” pero se mostró satisfecho de que el expediente “finalmente avance”.
