El abogado Mario Jordán Díaz explicó cómo es el proceso judicial que se inició tras la presentación de la Municipalidad de Plaza Huincul por la faltante de dinero en dos cuentas municipales.
En una entrevista con este medio dijo que solamente la Fiscalía puede determinar qué delito investigar y que existe la posibilidad de que la investigación se amplíe hacia otros meses y años de gestión ya que en esta ocasión el informe es de los últimos meses únicamente. Y que también se incorpore en la denuncia a funcionarios que tenían acceso a las cuentas bancarias municipales.
Jordán Díaz fue designado por el intendente Claudio Larraza para realizar esta presentación y en el análisis propio del abogado, que sea una persona externa al municipio tenga que ver “con respetar la institucionalidad, que esto funcione sin un debate interno del municipio y de los órganos internos, que avance y que colabore el municipio en la investigación, sin involucrar a personas que están en la gestión diaria”.
El día que Claudio Larraza asumió el cargo las cuentas del ENIM y donde se depositaban fondos del IJAN no tenían saldos que pudieran explicar la no realización de obras. El dinero no estaba allí y las obras no estaban realizadas, eso es lo que sostiene la denuncia. ¿A quién se acusa de ese faltante? “El principal responsable de la administración del municipio, que es el intendente. Nos parece que necesariamente los delitos contra la administración pública en el ámbito del municipio, el principal responsable de la administración es el exintendente” pero aclaró “a partir de allí seguramente el Ministerio Público Fiscal hará un análisis de las cadenas de responsabilidad de funcionarios vinculados al manejo de estas cuentas y estos fondos y puedan ir incorporando otras personas que hayan participado del manejo de estos fondos. Nosotros (los denunciantes) no lo determinamos”.
El municipio maneja la administración con varias cuentas bancarias, algunas son para gastos corrientes y otras tienen destinos específicos, que se han determinado mediante la firma de convenios. Ese dinero no se puede utilizar para otros destinos.
Según Jordán Díaz en la denuncia “las acciones están determinadas”. Aclaró este punto porque la denuncia anterior contra Juan Carlos Giannattasio y Gustavo Suárez quedó sin efecto debido a que los acusados no tenían cómo defenderse porque no se los acusaba de acciones concretas. Ahora esto no pasaría. “En este caso las acciones están determinadas y el acceso al manejo de las cuentas, imagino yo que el municipio debe tener personas y funcionarios determinados. O que tengan firma en el banco. o que tengan clave en el sistema bancario digital. Bueno, esas eran cuestiones que se vayan ahí determinando. Los convenios están por supuesto suscriptos por el intendente (Gustavo Suárez)”, dijo Díaz.
La fiscalía deberá establecer, con la información suministrada “hacia dónde fueron esos fondos, si fueron transferencias, hacia qué cuentas han sido enviadas, si son otras cuentas del municipio o no y para qué fin“.Pero aclaró “en ninguna de esas cuentas había saldos al momento de la recepción de la gestión que pudieran explicar este faltante, ni siquiera sumando todas las otras cuentas del municipio”.
Como ya había ocurrido en la denuncia contra Giannattasio, hay inconsistencias de fechas en los pagos. “Había movimientos de suelos en el parque industrial y ahí hay un dato de color. El convenio para realizar esas obras de movimiento de suelos no dice en qué lugar, en qué zona, pero además el convenio se firma, digamos, un día 20; pero el inicio de obras comienza el día 18, antes del convenio y la finalización de obras el día 19. O sea que al momento del contrato ya se había hecho la obra y se había entregado en un día”, detalló Díaz.
Las denuncias por corrupción no han prosperado históricamente. Jordan Díaz cree que ello puede modificarse porque desde que se inició la investigación por el fraude con los planes sociales a nivel provincial “espero y creo ver que hay como un cambio, una modificación” en la visión que tiene la justicia sobre estos hechos.
Díaz sostiene que este tipo de investigaciones no dañan la institucionalidad y que los fueros que tiene Gustavo Suárez como concejal son parte de una discusión exclusivo del Concejo Deliberante. “Yo creo que este tipo de circunstancias ponen sobre la mesa las reglas de la institucionalidad. Si hubiera un juicio político o alguna circunstancia de esas, es dentro de las instituciones. Siguen siendo las normas las que funcionan y rigen un procedimiento“, opinó el abogado quien también tiene una representación política dentro del PRO.
