En septiembre del 2022 una trabajadora de la Subsecretaría de Trabajo denunció a su jefe, el entonces Subsecretario, Ernesto Seguel, por violencia sexual en ese ámbito. Solicitó medidas de protección al ex gobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Desarrollo Social.
En octubre de 2022 recurrió al Poder Judicial porque no se adoptaron medidas. En ese mes, Seguel renunció con el silencio cómplice de las autoridades gubernamentales y accedió a su jubilación. Lo reemplazó Nelson Sandro Alegría quien, de manera sistemática realizó acciones para destruir la reputación de la trabajadora e impedir el ejercicio de su trabajo, como represalia.
Desde la organización feminista, La Revuelta, se exigió “al gobierno de Neuquén que cumpla la medida judicial que le ordena otorgar funciones efectivas a una trabajadora que denunció abuso sexual en el ámbito laboral”.
Desde diciembre de 2023 a la denunciante no le dieron más tareas y dejó de percibir su salario, sin notificarle su baja laboral. La Oficina de Intervención en Violencia Laboral provincial, creada para prevenir, intervenir y proteger a las personas en situaciones de Violencia Laboral, indicó reincorporarla. Esto no se cumplió pese a que las recomendaciones son de carácter obligatorio.
El 21 de mayo de 2024, en el marco del procedimiento previsto en la Ley N° 2786, el juez interviniente ordenó al actual Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, a cargo de Lucas Castelli, que otorgue funciones efectivas a la denunciante. La ley establece que toda medida cautelar debe cumplirse de manera inmediata.
A la fecha, la provincia incumple esa medida judicial y, de manera insólita a través de la fiscalía de estado impugnó la cautelar. La violencia laboral e institucional persiste contra la trabajadora por atreverse a denunciar. Esa respuesta es regresiva, pretende disciplinar y desalentar a que otras rompan el silencio.
Exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén que cumpla la medida judicial y cese con la violencia ejercida contra la denunciante.