En un contexto de creciente preocupación social, diversas organizaciones de Cutral Co y Plaza Huincul emitieron un comunicado repudiando el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un miembro de la organización H.I.J.O.S de Córdoba, ocurrido el pasado viernes. Los autores del crimen dejaron amenazas de índole fascista, generando una ola de indignación en la comunidad.
El comunicado, firmado por H.I.J.O.S Cutral Co y Plaza Huincul y otras entidades locales, demanda una rápida investigación del asesinato de Montoya y de las amenazas dirigidas a la familia de Fernando Alvareda, hijo del policía y militante del PRT, Ricardo Fermín Alvareda, quien fue secuestrado y desaparecido en 1979.
Las organizaciones compararon estos hechos con las prácticas represivas de los grupos de tareas durante la dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976. “Este suceso se asemeja al accionar de los grupos de tareas que operaban durante la dictadura militar cívico-eclesiástica”, señalaron.
En el comunicado también se expresa el repudio a la reciente visita de diputados de La Libertad Avanza y la vicepresidenta Victoria Villaruel a genocidas, calificando a estos funcionarios de promover discursos de odio y reivindicar dictaduras en Latinoamérica. Las organizaciones temen que, en este contexto, se puedan indultar a militares responsables de crímenes de lesa humanidad.
“La responsabilidad es de Milei, Villarruel y Bullrich. ¡¡¡SON 30,000!!! ¡NUNCA MÁS!”, concluye el comunicado, que además está respaldado por una amplia coalición de grupos sociales, políticos y culturales de la región, incluyendo Alkitara, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Cutral-Co y Plaza Huincul, el Partido Obrero y sus agrupaciones, la CTA Autónoma de Cutral-Co y Plaza Huincul, Nuevo Encuentro Cutral-Co, el Partido Comunista de Cutral-Co, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Instituto Superior de Formación Docente N°1, la Casa de la Amistad con Cuba y demás pueblos latinoamericanos en lucha, el Grupo de Teatro Aitue, y la Huerta del Buen Vivir.
La comunidad local se mantiene alerta y espera que las autoridades correspondientes actúen con rapidez y justicia para esclarecer estos hechos y proteger a los ciudadanos de cualquier forma de violencia y amenazas.