Lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa y celebró el respaldo legislativo al proyecto de ley que permitirá a la Policía y la Justicia combatir la venta minorista de droga en todo el territorio provincial.
La sanción permitirá llevar adelante un trabajo coordinado desde la provincia para intervenir en un delito que antes era netamente de jurisdicción federal y estaba limitado a la cantidad de juzgados.
El gobernador recordó que “es una decisión que tomamos junto al poder judicial y al Ministerio Público Fiscal (MPF)” y destacó el rol protagónico que tendrá el trabajo del ministerio de Seguridad, a cargo del ministro de Seguridad Matías Nicolini.
Destacó la articulación que vienen llevando a cabo todos los sectores involucrados fuertemente en este tema y comprometió esfuerzos para seguir “colaborando con las fuerzas federales para poder atacar toda la gama del narcotráfico, en conjunto. Esto es una lucha que la hemos iniciado y no pensamos claudicar”, recordó Figueroa.
Esta decisión de combatir el microtráfico obedece a una política pública de estado, y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de Neuquén.
Respaldo legislativo
La Policía y la Justicia quedaron habilitadas para combatir el narcomenudeo en todo el territorio provincial. Así aprobó en general durante la 31° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, con una votación que tuvo un gran respaldo al proyecto y cosechó 30 votos a favor y dos en contra.
La ley votada por los diputados adhiere al artículo 34° y concordantes de la ley nacional 23.737 -de Narcotráfico- y a los alcances previstos por las leyes nacionales 26.052 y Ley 27.502.
De los bienes decomisados en un operativo, un 25 por ciento se utilizará para acompañar y contener a personas afectadas por adicciones; otro 50 por ciento se destinará a equipar a la fuerza de seguridad provincial y el 25 por ciento restante, se le otorgará al Poder Judicial para que pueda llevar adelante el proceso de justicia.
El texto que finalmente llegó a la Legislatura fue consensuado en el Consejo Estratégico de Implementación integrado por la doctora María Soledad Gennari del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el fiscal general José Gerez y el ministro Nicolini.