La inauguración de la ampliación de la EPET N° 1 en Cutral Co, prevista para este 7 de febrero, estuvo rodeada de diferentes actores sociales claves en la resolución y finalización de la obra. Uno de ellos fue la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que influyó directamente en el vínculo de la comunidad educativa y la comunicación desde el Ministerio de Educación.
El Defensor Lautaro Arévalo detalló el trabajo de la Defensoría desde dos frentes principales. Por un lado, en cuanto a la obra, la Defensoría actuó con un control judicial de la finalización de la obra tras el incumplimiento de los plazos de entrega anunciados, lo que llevó a la interposición de un amparo.
A través de esta acción, se buscó obtener información más precisa sobre el estado real de la obra y garantizar que el plazo de finalización fuera respetado.
Arévalo destacó que, a partir de esta medida, se logró establecer un canal de diálogo directo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, lo que permitió recibir fechas más claras sobre el avance de la construcción.
En paralelo, desde la Defensoría se atendió un reclamo que surgió del Centro de Estudiantes de la escuela, quienes manifestaron que la modalidad de clases híbrida, que combinaba una presencialidad esporádica con virtualidad, no estaba funcionando adecuadamente.
“Estábamos en el mes de abril y los chicos ya podían percibir de que no estaba funcionando la virtualidad” señaló Arévalo. Para los estudiantes, la falta de presencialidad representaba un obstáculo en su aprendizaje.
Ante este panorama, la Defensoría facilitó el diálogo entre los estudiantes, el equipo directivo de la escuela y las autoridades educativas para buscar soluciones. Arévalo relató que desde el mismo estudiantado surgió la propuesta de trasladarse a otro edificio para poder garantizar la presencialidad completa.
El Centro de Estudiantes, con el apoyo de la Defensoría, llevó adelante una consulta democrática entre los miembros de la comunidad educativa para evaluar la viabilidad de esta propuesta.
La consulta permitió obtener una base objetiva sobre la disposición de la comunidad escolar para el traslado temporal a otro edificio, en este caso al CPEM 58, para poder continuar con las clases de manera presencial. Como resultado, se pudo ofrecer clases presenciales a todos los estudiantes, aunque con algunas limitaciones: como la reducción de horas de taller.
“Siempre el objetivo de la Defensoría es trabajar es representar los intereses de todos los niños y niñas adolescentes, ya sea de manera individual o colectiva”, subrayó Arévalo.
En este caso, la Defensoría trabajó estrechamente con los estudiantes, quienes demostraron un nivel de compromiso y responsabilidad en su participación en los diálogos, lo que contribuyó a la creación de una solución que beneficiara a toda la comunidad educativa.
