Las denuncias por violencia laboral suelen quedar relegadas al ámbito de lo privado, sofocadas por el temor a represalias y la impunidad de los agresores.
Sin embargo, esta vez, la justicia neuquina sentó un precedente con una sentencia que involucra al médico Ricardo Canave quien fue encontrado responsable del delito violencia laboral de género contra la enfermera Mónica Sotto en la cooperativa Copelco de Cutral Co.
Un fallo que incomoda, pero que también interpela sobre cómo el abuso de poder y la violencia machista persisten en los espacios de trabajo.
El caso de Sotto es revelador. No solo fue víctima de hostigamiento y descalificaciones sistemáticas, sino que su condición de delegada gremial pareció agravar la situación.
Según la denuncia, Canave desplegó una conducta que fue naturalizada muchos años y que ahora se rebela como violencia verbal: “gorda, estás vieja”, “callate, pelotuda”, frases que no solo menoscaban la dignidad, sino que buscan socavar la autoestima y la autoridad profesional. La violencia escaló cuando la enfermera comenzó a reclamar mejoras laborales. La respuesta del entorno no fue la solidaridad, sino el aislamiento.
El impacto en su salud fue devastador: la exposición continua a este tipo de maltrato la llevó a requerir tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero esta vez, la justicia no miró hacia otro lado. El juez Richter aplicó la Ley 2786 con perspectiva de género y dejó asentado en su fallo que “la perspectiva de género exige siempre la contextualización y la actuación conforme al principio pro persona”. En un sistema judicial que muchas veces desestima o minimiza estas denuncias, Richter priorizó las pruebas que demostraban el patrón sistemático de violencia.
El rol y la responsabilidad empresarial
La justicia ordenó a la cooperativa implementar medidas para garantizar un ambiente laboral libre de violencia. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es: ¿será suficiente? Porque si algo demuestra este caso es que la violencia laboral de género no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural dentro de muchas organizaciones.
El abogado de Sotto, César Omar Pérez, calificó la sentencia como “un precedente muy importante”, al visibilizar la violencia en el ámbito laboral y enviar un mensaje claro: “Este fallo permite hacerles saber a las mujeres que tienen protección y a los hombres y a todos aquellos que cometen violencia en el trabajo que no van a quedar impunes”.
Pero más allá de la condena, el desafío es otro: romper con la naturalización de estas violencias. Preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para erradicarlas y garantizar que ninguna mujer tenga que soportar este tipo de maltrato en silencio.
