Una mujer fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión condicional por herir de un disparo a un hombre, amenazar a dos mujeres y golpear a una de ellas. La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa, y fue homologada por el juez de garantías Lisandro Borgonovo.
La fiscal del caso, Mayra Febrer, detalló en la audiencia que la investigación permitió acreditar con certeza los hechos imputados y que, en virtud de la admisión de culpabilidad por parte de la acusada, la pena acordada no superó los seis años de prisión. “Proponemos una pena de dos años y cuatro meses de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta”, expuso Febrer ante el tribunal.
Los hechos que llevaron a la condena
El primer episodio tuvo lugar en la madrugada del 13 de octubre de 2024 en Plaza Huincul. Susana Verónica Riquelme se presentó en la vivienda donde se encontraba un hombre, pareja de un familiar suyo en ese momento, y le disparó en el abdomen. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente y su vida estuvo en riesgo. Aún permanece internada en proceso de recuperación.
El segundo incidente ocurrió el 3 de diciembre de 2024 en Cutral Co. Riquelme se dirigió a una vivienda donde estaban dos mujeres, las insultó y, tras extraer un arma de fuego, las amenazó. Luego golpeó en la cabeza y en la espalda a una de ellas, causándole lesiones leves. Antes de retirarse, disparó al aire y repitió sus amenazas: “Donde te vea, te voy a pegar un tiro”.
La condena y sus implicancias
La pena impuesta responde a los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego y amenazas agravadas en concurso real con lesiones leves. Como atenuante, se consideró que la acusada no tenía antecedentes penales.
Riquelme deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el tiempo de la condena: tiene prohibido acercarse o perturbar a las víctimas y sus familias, no podrá cometer nuevos delitos y deberá fijar domicilio y presentarse periódicamente ante el organismo de control de la población judicializada.
El acuerdo fue informado a las víctimas, quienes dieron su consentimiento. Tras la renuncia de ambas partes a los plazos para impugnar, la sentencia quedó firme y comenzó a ejecutarse de inmediato.
El caso expone, una vez más, la gravedad de los hechos de violencia armada en la región y la aplicación de mecanismos procesales que, si bien permiten penas condicionales, también imponen restricciones para prevenir nuevas agresiones.
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