El 6 de abril de 1994, en las instalaciones del Grupo de Artillería 161 de Zapala, provincia de Neuquén, aparecía el cuerpo sin vida del soldado Omar Octavio Carrasco. Tenía 19 años. Había ingresado al servicio militar obligatorio apenas un mes antes. Había desaparecido el 6 de marzo. Durante treinta días, el Ejército sostuvo que había desertado. Pero lo habían asesinado.
La autopsia reveló una muerte brutal: golpes en la cabeza y el cuerpo. El crimen fue cometido dentro de la unidad militar. El silencio y el encubrimiento intentaron sellar la verdad, como tantas veces ocurrió en la historia de las fuerzas armadas argentinas. Pero esta vez no pudieron. La presión pública, el coraje de sus padres y el trabajo periodístico rompieron el pacto de silencio.
El periodismo que abrió la grieta del encubrimiento
El padre de Omar, desesperado ante la inacción oficial, se acercó a la agencia del diario Río Negro en Cutral Co para publicar un aviso buscando el paradero de su hijo. Allí fue recibido por las periodistas Andrea Vázquez y Verónica Morell, quienes no se limitaron a redactar un clasificado. Comenzaron a hacer preguntas. Y esas preguntas dieron inicio a una investigación que terminó siendo clave para que el caso tomara dimensión nacional.
Sus notas en el diario Río Negro, sostenidas y valientes, pusieron en evidencia la cadena de negligencias, contradicciones y encubrimientos dentro del Ejército. El caso, que inicialmente intentaron silenciar, se volvió imposible de tapar.
El crimen
Omar había nacido el 5 de enero de 1974 en Cutral Co, Neuquén. Era hijo de una familia humilde. Soñaba con conseguir un empleo estable y ayudar a su familia. El 3 de marzo de 1994 fue convocado a realizar el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería 161. No pasaron más de tres días hasta que su rastro se perdió. El Ejército informó a la familia que “el conscripto había desertado”. Esa mentira institucional fue el primer acto del encubrimiento.
Sus padres, desconfiados y angustiados, iniciaron una búsqueda que terminó un mes después: el 6 de abril hallaron su cuerpo oculto en un galpón de la unidad militar. El cadáver presentaba signos evidentes de violencia.
El proceso judicial concluyó el 31 de enero de 1996 con condenas:
- El subteniente Ignacio Canevaro recibió 15 años de prisión por homicidio.
- Los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar, 10 años cada uno.
- El sargento Carlos Sánchez, tres años por encubrimiento.
Hoy, todos están en libertad.
El sistema
El caso de Omar no fue una excepción. Fue la manifestación más extrema de un sistema militar anacrónico, sostenido por décadas bajo una lógica de abuso, castigos físicos y humillaciones.
La figura del colimba —acrónimo de “corre, limpia y barre”— condensaba esa lógica de subordinación absoluta. Lo que para el Estado era formación y disciplina, para muchos jóvenes fue una experiencia de trauma.
La consecuencia política
El impacto del asesinato fue tal que la presión social no tardó en traducirse en acción política. En apenas cinco meses, el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto 1862/94, que suspendió el servicio militar obligatorio. A partir de entonces, la defensa nacional se reconfiguró bajo el paradigma del servicio militar voluntario.
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