A través de un decreto firmado hace una semana, pero divulgado recién ayer en redes sociales gremiales, se oficializó la creación de la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina de la municipalidad de Plaza Huincul. La información no fue difundida por los canales institucionales, lo que despertó interrogantes sobre la transparencia y la forma en que se manejó la comunicación entre los trabajadores municipales.
El Decreto N°791/2025, fechado el 21 de mayo, fue publicado por la seccional local de ATE, desde donde se detalló la nómina de representantes que integrarán la nueva Junta. La creación de este cuerpo estaba contemplada desde 1991 en la Ordenanza N°296/91, el Estatuto Municipal, pero nunca había sido instrumentada. Su función será evaluar el ingreso, calificación, ascenso y disciplina del personal municipal.
La composición: cercanías y silencios
Tal como establece el Estatuto, la Junta está conformada por ocho integrantes: cuatro titulares y cuatro suplentes, divididos entre el Ejecutivo y el gremio. Sin embargo, la selección de ciertos nombres generó malestar en algunos sectores internos, por lo que se percibe como una creciente cercanía política entre miembros del sindicato y funcionarios municipales.
Del lado del Ejecutivo, los designados fueron:
- Oscar Alberto Claris, coordinador.
- Roxana Cortés ;
- Suplentes: Soledad Almendra (secretaria de Capacitación) y Marcela Santos, actual directora de Transporte y también militante y afiliada a ATE.
Desde ATE, los representantes son:
- Titulares: Irma Beatriz Churrarín y Fabiana Andrea Sandoval ;
- Suplentes: Néstor Rodríguez y Liliana Roh .
La designación de una funcionaria municipal con doble pertenencia gremial como Santos y la inclusión de personal político entre los representantes técnicos del Ejecutivo abre interrogantes sobre los criterios utilizados para asegurar imparcialidad en un órgano cuya tarea central será calificar y evaluar a los empleados.
Decreto firmado, pero sin difusión oficial
Aunque el decreto cuenta con la firma del intendente y fue refrendado por el secretario de Hacienda y Administración, Alejandro Darío Cancio, su comunicación oficial estuvo limitada al ámbito de ATE.
La Junta, que ya se encuentra conformada formalmente, tendrá mandato por dos años y podrá ser revalidada según lo estipulado en el Estatuto. Su creación podría marcar el inicio de una etapa de institucionalización en la gestión del recurso humano municipal. Pero también abre la puerta a una pregunta de fondo: ¿puede un órgano disciplinario ser imparcial si sus miembros están alineados política o gremialmente con quienes gobiernan?
La respuesta dependerá, en buena parte, de cómo funcione esta Junta más allá del papel. Por ahora, su nacimiento deja un sabor a trámite silencioso.
