La madrugada del 1 de septiembre de 2024, Luciano Hernandorena recibió un disparo en el pecho, en una fiesta clandestina, en un galpón sin habilitación, en el barrio semirrural Colonia 2 de Abril, al noroeste de Cutral Co. Nueve meses después, el principal acusado, Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa, de 19 años, enfrenta un juicio oral y público por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Las audiencias comenzarán este lunes 2 de junio, en una sala judicial que promete estar colmada de testigos y familiares que piden justicia.
Pero detrás de ese disparo, que dejó sin vida a un joven de 23 años, se despliega una trama más compleja, en la que confluyen las fallas del Estado para controlar espacios nocturnos irregulares, la violencia armada entre jóvenes, la disputa entre estrategias legales y el dolor colectivo de una comunidad que hace meses exige respuestas.
La fiesta, el disparo y la huida
Luciano había llegado cerca de las tres de la mañana con su novia y una pareja amiga. En algún momento de la madrugada, fue a la barra a pedir una bebida y se cruzó con Abarzúa. Lo que siguió, según la fiscalía, fue una discusión breve, un arma oculta entre la ropa del acusado y un disparo directo al pecho. “Fue a quemarropa, con clara intención de darle muerte”, describió en la acusación el fiscal jefe, Gastón Liotard. El balazo atravesó su tórax y afectó un pulmón.
Abarzúa hizo luego dos disparos al aire, tiró el arma y huyó. Mientras tanto, Hernandorena era trasladado en un auto particular al hospital. No sobrevivió. En las horas siguientes, comenzó la búsqueda del principal sospechoso.
Un día después, fue hallado en un puesto rural en Añelo, escondido con la colaboración de una familia conocida. “Al principio un hombre negó su presencia. Luego, una mujer lo confirmó”, consta en la formulación de cargos.
Un juicio con más de 30 testigos
El juicio es presidido por un tribunal colegiado integrado por las juezas Vanessa Macedo Font y Florencia Martini, y el juez Walter Trincheri. Se prevé que pasen más de 30 testigos a lo largo de la semana, entre ellos varios jóvenes que estuvieron en la fiesta y testigos clave del momento del crimen. El proceso fue acompañado desde el primer momento por familiares y amigos de Luciano, que instalaron su presencia constante frente a la sede judicial.
Leticia Gallardo, madre de la víctima, fue aceptada como querellante y está representada por el abogado César Pérez. Su participación marcó uno de los momentos de mayor tensión legal durante la investigación. Será la primera en declarar. Es un juicio oral y público, cualquier persona que quiera presencial el juicio puede asistir.
El peritaje que dividió a la acusación
La querella presentó un peritaje privado, elaborado por el reconocido especialista Enrique Prueger, que sugería que el crimen debía ser agravado por alevosía. Es decir, que el acusado habría actuado con premeditación, aprovechando la indefensión de la víctima. La fiscalía no acompañó ese planteo y el juez de Garantías, Lisandro Borgonovo, terminó fallando a favor del Ministerio Público Fiscal, descartando esa figura.
La decisión dejó al margen una línea de análisis técnico que, según la querella, revelaba una mecánica criminal más planificada de lo que la acusación oficial reconoce.
La defensa, sin éxito
Melina Pozzer, abogada defensora de Abarzúa, intentó en reiteradas ocasiones que su cliente esperara el juicio en libertad o bajo prisión domiciliaria. Pero la justicia sostuvo la preventiva en base a dos argumentos: el riesgo de fuga, reforzado por la huida a Añelo, y la posibilidad de entorpecer la investigación.
Así, Abarzúa llegó al juicio detenido. La pregunta ahora es si el tribunal considerará que su accionar fue el de un homicida a sangre fría o si surgirá otra interpretación posible a partir de los testimonios que se escuchen en sala.
Una causa que expone más que un crimen
El caso Hernandorena no es solo el enjuiciamiento de un joven por un crimen. También es un espejo que refleja otros problemas estructurales: las fiestas clandestinas sin ningún tipo de control, la circulación de armas entre jóvenes, la falta de presencia institucional, y la revictimización de familias que deben asumir el rol de investigadoras, presionando para que los casos no queden impunes.
Mientras tanto, familiares y amigos de Luciano se mantienen firmes. Con carteles, fotos, publicaciones en redes y una frase que repiten desde el primer día: “Justicia por Luciano”.
