El próximo viernes se conocerá si la jueza de garantías, Laura Barbé acepta la formulación de cargos contra dos directores que pertenecen al Consejo Provincial de Educación. Son el director general de Educación Rural, Fabio Luna y la directora provincial de Nivel Primario, Patricia Cresatti.
La audiencia se hizo hoy en la Oficina Judicial de Cutral Co y forma parte de la primera etapa de la causa que ya tiene ocho acusados el pasado 26 de abril.
Los dos funcionarios están asistidos por el abogado Gustavo Palmieri. El hecho que se sigue es la explosión en la escuela albergue N° 144 de Aguada San Roque, el pasado 29 de junio de 2021 y allí murieron dos operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi, más la docente Mónica Jara que falleció el 12 de julio en Mendoza.
La acusación hacia Luna y Cresatti la realizó la fiscal jefe, Sandra González Taboada y pidió que se le formulen cargos por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público con homicidio culposo, en calidad de autores.
Después de detallar todo el hecho, la fiscal recordó que la escuela N° 144 “no estaba habilitada” para el dictado presencial de clases y que ninguno de los directivos informaron que estaba en obra y no podía volver a clases presenciales ni al cuerpo colegiado ni a la presidencia del CPE.
Para la fiscalía los funcionarios no advirtieron a la directora Marta Báez ni a la supervisión que hasta que la escuela no fuera habilitada y recibida por el CPE y el Ministerio de Educación, “no debían ingresar ni permanecer en el edificio el personal docente, auxiliares y menos los educandos”.
La querella adhirió al pedido y a los planteos de la fiscalía y uno de los abogados agregó que hubo “negligencia y desidia por parte de funcionarios que debían velar por los docentes, el personal y los estudiantes”.
El abogado Gustavo Palmieri, que ejerce la defensa de los dos funcionarios pidió que se rechace la formulación de cargos porque lo sucedido el 29 de junio se dio como consecuencia de un “obrar negligente de otro grupo que está relacionado con la construcción misma” , a la vez que señaló que se debe poner la lupa en “los delitos de la administración pública que no me corresponde a mí ni a las personas (acusadas) defender”.
La audiencia demandó algunos cuartos intermedios, uno de ellos para solicitar a los afiliados de ATE que se encontraban en el exterior del edificio para bajaran un poco volumen de los cánticos y redoblantes teniendo en cuenta que se dificultaba escuchar en el interior de la sala.
Los demás fueron para resolver cuestiones de las partes intervinientes. En la sala estaban los familiares de las víctimas fatales: tanto del gasista matriculado Nicolás Francés, como de su sobrino Mariano Spinedi y de la docente Mónica Jara. Además del secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo.
Ante la cantidad de elementos a analizar, la jueza Barbé solicitó un cuarto intermedio hasta el viernes para dar a conocer si acepta o no la formulación de cargos.
