El intendente Claudio Larraza vetará la ordenanza que establece la rebaja de las patentes en Plaza Huincul que fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, es decir, con los tres votos del bloque oficialista.
¿Qué va a pasar entonces? Según establece la carta orgánica en su artículo 72, cuando el jefe comunal veta una ordenanza, esta vuelve al Concejo Deliberante y nuevamente los concejales tienen que votar. Si consiguen la mayoría agravada que en este caso son 5 votos, entonces quedará firme, sino los consigue entonces no se aprueba y ya no pueden volver a tratarla en todo el año.
El dilema político es que Larraza ha hecho pública su postura sobre el tema, en concordancia con lo que piensa el gobernador Rolando Figueroa y que quedó sellado en el acuerdo de gobernanza firmado por todos los intendentes en Chos Malal. La pregunta es ¿cómo van a votar los concejales del oficialismo? Los propios y la que llegó como colectora, porque es claro que lo hizo gracias al arrastre que tenía la figura de Claudio Larraza más que por méritos propios o partidarios.
La vez anterior apoyaron la rebaja, ¿y en este caso? Podrían dejar a Larraza muy mal parado en el escenario político provincial y marcar una grieta política recién iniciada la gestión. La otra alternativa es la que ningún político quiere y a la que tal vez los concejales oficialistas no estén acostumbrados: votar con lealtad y soportar la crítica de la opinión pública. Gajes del oficio de ser funcionario.
¿Qué firmó Larraza junto a los intendentes y el gobernador en Chos Malal?
En aquel acuerdo firmado hace un par de meses, hay dos puntos que resultan relevantes para el análisis de esta encrucijada política.
Primero, en el punto 12, los municipios se comprometieron a “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones para impulsar políticas uniformes que posibiliten el logro de una mayor recaudación, mejorando el grado de independencia financiera e inversión pública”. Eso se tradujo en que todos los municipios tendrían valores de tasas similares (políticas uniformes) para evitar distorsiones como las que provocaría la rebaja en Huincul.
Y también se comprometió Larraza en el punto 13 a “a acompañar medidas que contribuyan y generen recursos tendientes a mantener el servicio de transporte que se presta dentro de cada jurisdicción, así como propender al mantenimiento de la red vial provincial y local y a equilibrar las diferencias de ingresos que genera la quita de los subsidios”, que se traducía en la tasa vial que generó revuelo político en Cutral Co pero que fue aprobada, con lo que Rioseco hizo los deberes, cumplió su palabra y pagó el costo político de ello. O más o menos, porque es muy probable que no se aplique finalmente.
Como alguna vez se esbozó en esta columna, el alineamiento entre Larraza y su presidente del Concejo, Daniel Vidondo, no parece tan firme o previsible como le gustaría al intendente y al gobernador. Se verá en el tratamiento del veto.
