Se trata de Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, funcionarios de Obras Públicas y los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni son culpables de estrago culposo seguido de muerte. Roberto Deza, en ese entonces subsecretario de Obras Públicas, resultó absuelto.
También se los encontró culpables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el caso de los funcionarios en caracter de autores y en el caso de los empresarios como partícipes.
Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo dictaron el veredicto luego de un extenso juicio que se desarrolló en parte en Neuquén y en parte en Cutral Co. Los jueces consideraron que la obra se manejó con desidia y que los funcionarios parecían más interesados en defender a las empresas contratistas que por atender a los intereses de su cargo.
Pusieron como ejemplo, el audio que se escuchó en una de las audiencias en el que una mujer decía: “los inspetores parecían defender a la empresa”.
También consideraron que el gasista Francés, una de las víctimas, no fue eficiente a la hora de realizar la obra, pero que ello no exime a los demás que eran responsables del controlar los trabajos.
El tribunal puso en consideración también a la figura de la directora Martha Báez y su accionar que fue criticado por las defensas particulares de los acusados. En este sentido, los jueces destacaron que nadie le informó que la escuela estaba en obra y que no se podía ingresar. A la vez, recalcaron que su decisión estuvo contextualizada en la necesidad de volver a clases en un entorno de ruralidad.
El 29 de junio de 2021, se produjo una explosión en el sector de albergue de las niñas, alumnas de la escuela 144 de Aguada San Roque.
El siniestro se cobró la vida de la docente Mónica Jara, que agonizó varios días. Y del gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
En una audiencia posterior, se van a conocer las condenas, que podrán ser en suspenso o efectivas pero que no van a modificar el hecho que fueron condenados funcionarios públicos y constructores por privilegiar sus ganancias por sobre la seguridad de las personas involucradas.
ATEN destacó el resultado del juicio
Como el fallo fue virtual, los integrantes de las querellas se instalaron en la sede de ATEN en Neuquén y lo siguieron por la transmisión de YouTube.
A su término, el secretario general, Marcelo Guagliardo dijo que: “no queremos no valorar el trabajo de la fiscalía, pero los aportes que se hicieron desde la querella, con los peritajes. El perito Prueguer, el equipo de la Universidad del Comahue analizando el pliego, todos los elementos condujeron a esta condena que deja un precedente muy fuerte en tanto y en cuanto los bienes del Estado y de quienes tienen que cuidar”.
La satisfacción de la fiscalía
El fiscal jefe Gastón Liotar y la fiscal Gabriela Macaya saludaron el resultado del fallo. “Más allá que desde aquel día nefasto de la muerte de estas personas algunas cosas cambiaron, las sentencias serán lo que generará un antes y un después”, resaltó Liotard.
“No puede tolerarse tanta desidia. Ese fue nuestro lema desde el MPF. Fue la desidia emparentada a la imprudencia, inobservancia y la negligencia.
Confió en que esta sentencia se convierta en una bisagra a la hora de la ejecución y control de la obra pública.
