Con el inicio de la última etapa del juicio, la justicia busca determinar las penas que deberán cumplir los cinco condenados por la explosión en la escuela-albergue 144 de Aguada San Roque, que en 2021 causó la muerte de tres personas. Durante esta instancia, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, y la fiscal del caso, Gabriela Macaya, presentarán pruebas para fundamentar su solicitud de condena ante el tribunal.
El proceso, que se desarrollará a lo largo de cinco jornadas, incluirá seis testimonios claves para dimensionar el impacto de la tragedia y la responsabilidad de los acusados. Se espera que las querellas y las defensas realicen sus propios planteos, por lo que la audiencia podría extenderse durante toda la semana.
Los hechos y las víctimas
El 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Nicolás Francés y su sobrino, Mariano Spinedi, acudieron a la escuela-albergue 144 de Aguada San Roque para realizar trabajos relacionados con una obra en construcción. Ambos prestaban servicios de manera irregular para Arte Construcciones S.R.L., la empresa adjudicataria de la obra. A las 13:50, junto a la docente Mónica Jara, ingresaron a un sector destinado al albergue de niñas. Instantes después, se produjo una deflagración seguida de un incendio.
Francés y Spinedi fallecieron en el acto debido a la gravedad de las quemaduras, mientras que Jara logró salir por una ventana. Fue trasladada a un centro de salud en Mendoza, donde murió el 12 de julio. En el juicio se determinó que, si bien hubo negligencia por parte del gasista, la responsabilidad principal recaía sobre quienes debían supervisar y garantizar la seguridad de la obra.
Los responsables y las condenas
El 4 de septiembre pasado, la justicia declaró culpables a tres funcionarios públicos y dos empresarios por estrago culposo agravado por el resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los condenados son:
- Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, exfuncionarios de Obras Públicas con responsabilidades directas en la ejecución y control de la obra.
- Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni, empresarios de la firma adjudicataria.
Además, Percat recibió una condena adicional por falsificación ideológica de documento público, ya que certificó la finalización de la obra sin haber verificado su estado real.
El tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo, concluyó que los acusados, por acción u omisión, incrementaron el riesgo en la obra, certificaron avances inexistentes y permitieron la habilitación de un edificio sin completar, incluyendo la instalación de la red de gas.
Próximos pasos
En esta fase final, los jueces evaluarán los planteos de las partes para fijar las penas que deberán cumplir los responsables. La decisión será clave no solo para la causa, sino también como antecedente en materia de control y seguridad en obras públicas en la provincia.
