Los disturbios que sucedieron en paralelo al doble homicidio de barrio Centenario exhibieron un desborde en las capacidades de las autoridades. La vivienda de los familiares de Candia fue incendiada y robada frente a uniformados y fiscales que, al igual que los bomberos voluntarios, fueron amenazados.
Mientras crecía la conmoción en Plaza Huincul el sábado pasado por la tragedia ocurrida en calle Miralles, vecinos y familiares de las víctimas cargaron contra dos jóvenes que permanecían a pocos metros, en una vivienda de la esquina con 1 de Mayo. La intervención de la policía logró impedir que los adolescentes sean linchados, pero la furia de la turba no se detuvo allí, abrieron la puerta a patadas y provocaron un incendio que en principio fue menor, pero minutos más tardes fue reavivado para terminar por consumir un vehículo, la totalidad de los elementos del interior y afectar a otras casas vecinas. Mientras la estructura ardía, algunos se atrevieron incluso a sacar dos televisores, una consola de juegos, sillas y otros objetos del interior.
Todo ocurrió ante la mirada de los efectivos policiales en el lugar, que solo lograron algunos avances mediante el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GEOP), aunque el número de personas dispuestas al choque superaba por 10 a 1 a los uniformados. Además hubo intimidaciones a bomberos para que no se presentaran a extinguir el incendio e incluso la fiscal del caso tuvo que retirarse luego de que una piedra pasara junto a su cabeza y quedara a centímetros de provocarle una herida grave. Todo eso sumado a los disturbios posteriores mientras la unidad de morgue intentaba retirar los cuerpos de la escena del crimen.
Para el fiscal en jefe, Santiago Terán, el episodio desbordó las capacidades de las autoridades porque “nunca alcanza la cantidad de policías. Cada vez que ocurre un hecho profundo como este va a haber un patrullajes que no se ven normalmente, se refuerza con 50 o 100 más, pero en el país nadie está conforme con la cantidad que necesitamos, necesitamos muchos más uniformados en la calle”,
La situación motivó una investigación paralela por parte de la Justicia y Terán apuntó que los involucrados deben ser “investigados y llevados frente a los estrados”, aunque “en una situación en la que actúan 15 o 20 sujetos, es muy difícil llegar a determinar que hizo cada uno”.
“se trata de preservar la vida de las personas”
